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Nueva Ley de Protección del secreto empresarial. Recomendaciones al Empresario

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Nueva Ley de Protección del secreto empresarial. Recomendaciones al Empresario

 

El pasado día 21 de febrero se publicaba en el BOE la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, norma que entrará en vigor de forma oficial a los veinte días de la fecha de publicación oficial, momento en que surtirá plenos efectos.

Se trata de una norma muy esperada, toda vez que el secreto empresarial se intuía de forma dispersa y difusa en algunas normas reguladoras de materias específicas, como la legislación de patentes, entre otras, o la más genérica de protección de datos. Pero más allá de las creaciones patentables, existe toda una información empresarial delicada (incluso muy anterior al “invento final” susceptible, por ejemplo, de patente), fruto de los esfuerzos por los operadores económicos volcados en innovación y desarrollo, que no encontraba cobijo legal.

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Así, la nueva ley, que eleva el secreto industrial al de bien jurídico protegido, traspone a Derecho español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, y convierte en legamente obligatoria la no divulgación y en general la protección de determinada información que hasta la fecha sólo se podía proteger mediante contratos de confidencialidad, también conocidos en el sector legal por sus siglas en inglés NDA (Non-Disclosure Agreement), cuyo uso, por otra parte, siempre ha sido más frecuente en círculos industriales o de innovación ligados a la ingeniería, donde siempre se ha conocido como SECRETO INDUSTRIAL, que en los demás sectores económicos.

La Ley define el SECRETO EMPRESARIAL como toda aquella información que, siendo tecnológica, científica, industrial, comercial, organizativa o financiera, sea secreta o no conocida ni fácilmente accesible por personas pertenecientes al círculo en que se emplee dicha información, con un valor empresarial real o potencial, y respecto de la cual su titular haya adoptado unas mínimas medidas adecuadas para mantenerla en secreto.

La norma regula el secreto empresarial como un derecho de propiedad más para su titular o “creador”. De hecho, lo equipara en su tratamiento a los derechos de autor y a caballo con el régimen de patentes, reconociendo al empresario toda una serie de intereses morales y económicos protegibles sobre la misma; pero, además, como todo derecho de propiedad es transferible o licenciable a terceros.

Quizás uno de los puntos más destacables de la norma, es que establece un RÉGIMEN DE CORRESPONSABILIDAD en la salvaguarda de dicho secreto, entre el titular del mismo y los terceros que adquieran dicha información constitutiva de secreto de buena fe; es decir, de forma lícita y de su legítimo titular, o al menos en el desconocimiento de que el transmitente no era tal titular legítimo. Esto último es muy relevante, ya que hasta ahora cuando se redactaba un contrato de confidencialidad había que ser muy cuidadoso a la hora de plasmar que, por ejemplo, cada parte contratante había de poner el máximo sigilo para garantizar que sus trabajadores, agentes, encargados, etc., protegerían con igual cuidado dichos secretos, de tal forma que, de toda revelación o filtración de los mismos, de producirse, respondería el propio empresario.

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Como es el caso con todos los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, etc.), la norma atribuye competencias a los Juzgados de lo Mercantil, e impone un plazo de prescripción de tres años para ejercitar cualquier acción en defensa de este secreto, contra cualquiera que lo ponga, lo haya puesto, o amenace con ponerlo en peligro.

No es una norma con alcance retroactivo, cuestión que desde luego podrá salvarse por medio de contrato entre las partes interesadas que, de mutuo acuerdo podrán otorgarle este alcance y quedar bajo el paraguas de protección de la ley. Finalmente y pese a que esta acertada ley desde su entrada en vigor va a dotar de protección a toda la información especialmente delicada del empresario (siempre en el entendido de que no sea revelada por el mismo, y sea debidamente protegida, y por ello no fácilmente accesible ni por el círculo más cercano al mismo) aunque no sea el contrato de confidencialidad tan imprescindible como antes, como abogada recomiendo no obviar del mismo, pues esto nos va a permitir configurar, dentro de nuestro sector de actividad y según nuestros intereses, una protección “a la carta”.

 

Leticia Hernández Méndez
Abogada y Socia directora
LHM Legal

E: l.hernandez@lhmlegal.com 
W: www.lhmlegal.com 
T:(+34)911250373

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